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STEs-i critica la enorme dispersión normativa que produce infinitas complicaciones burocráticas, para un profesorado que tiene como misión imposible saber qué está en vigor.
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En la práctica, la reforma de la FP es un una obligación -junto a la LOMLOE y a la LOSU- para recibir los fondos de la UE, perdiendo soberanía ante unos organismos supranacionales que la entienden como una “cantera de autónomos” flexibles y adaptables, siempre prestos a la movilidad geográfica y a jornadas de trabajo interminables.
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La FP se está convirtiendo en un “buffet libre” donde las empresas eligen al capital humano, donde la educación se considera un bien de consumo y se trata como un producto que puede ser comprado y vendido en el mercado.
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