La nueva ley de FP no resuelve los problemas actuales e incluso creará otros nuevos
La Confederación de STEs-i critica que el Consejo de Ministros haya aprobado la nueva Ley Orgánica plagada de errores como ya ocurrió con la LOMLOE.
En la Confederación de STEs, de la que SATE-STEs forma parte, creemos que la nueva Ley de la Formación Profesional ha de tener como eje vertebrador a la PERSONA en todos sus ámbitos. En cambio, en el redactado del Proyecto de Ley, el eje director de todo el sistema de la Formación Profesional es la EMPRESA en términos abstractos sin tener en cuenta el alumnado, el profesorado y la sociedad en general.
De su lectura y de la entrada de fondos de inversión extranjeros a comprar empresas de formación de FP en todo el estado, se deduce que se está creando un nuevo nicho de negocio: esta ley no será la solución para las empresas ni para la ciudadanía, sino una oportunidad para los de siempre de coger un trocito del pastel de 5.400 millones de euros que se van a destinar a su implementación.
La nueva Ley de Formación Profesional ha de acabar con los viejos estigmas que la rodean desde sus inicios y apostar por una Formación Profesional situada en el marco social, económico y administrativo que le corresponde. Este proyecto crea nuevas situaciones que aún estigmatizarán más la FP.
Esta ley prima la empleabilidad al precio que sea en detrimento de la profesionalidad y del emprendimiento. Se tiende a la microformación para dar respuesta rápida a las empresas en detrimento de la formación en una cultura profesional determinada. Esto que el ministerio vende como flexibilidad acarreará más temporalidad al empleo: con la misma rapidez que se entre en el mercado laboral, se saldrá de él. El principio de elección de profesión solo es válido si realmente el alumnado de FP recibe una formación suficiente que les permita una polivalencia a la hora de desarrollar puestos y perfiles diferentes dentro de un ámbito concreto, dotándoles de capacidad de adaptarse a los cambios.
Las diferentes familias profesionales, las diferentes titulaciones académicas, los diferentes nuevos grados y los diferentes niveles en los que se va a configurar la formación profesional con esta ley no pueden tener unos patrones de homogeneidad como los que se pretenden en el capítulo segundo (Régimen Dual). No son iguales las 26 familias profesionales, ni los más de 150 ciclos formativos y tampoco los 3 grados que hay (Básico, Media y Superior). Tampoco es igual la FP en entornos rurales y despoblados que la que se pueda desarrollar en entornos industrializados, pero la ley fija unas condiciones tales que hará imposible su cumplimiento, como ya pasó con la Ley de FP Industrial de 1955 (donde se impusieron 4 grados de formación y acabaron desarrollándose solo 2), la Ley General de Educación de 1970 (donde se establecían tres niveles de FP, pero el tercero nunca llegó a aplicarse) o la propia LOE de 2006 (que introdujo los cursos de especialización que se han empezado a aplicar hace escasos años, con una demora de más de 10 años en muchas administraciones).
Por su parte el profesorado de FP queda diseminado en diferentes cuerpos docentes y grupos profesionales incrementando el desajuste y las disparidades entre iguales existentes hasta hoy. A costa de eliminar un agravio que dura más de 30 años, se crearán nuevas discriminaciones que abrirán nuevas vías judiciales. El proyecto crea un nuevo cuerpo docente, con nombre desmotivador, el cuerpo de Profesores Especialistas en sectores singulares de la Formación Profesional que integra diez especialidades docentes. Por otro lado, el texto no mantiene una equidad entre los docentes del sistema educativo y los formadores de los centros o entidades que no pertenecen al sistema, a los que se les exige diferentes titulaciones para impartir las mismas enseñanzas.
Durante meses, los Sindicatos de Trabajadores/as de la Enseñanza (STEs) hemos defendido la inclusión de los profesionales provenientes de la Educación Superior (Técnico/a Superior y Técnico/a Especialista) en el cuerpo de Educación Secundaria, mientras no se cree el cuerpo de profesores de Formación Profesional. Incompresiblemente se han opuesto a esta opción. No entendemos que sí se permita el acceso a la función docente a titulaciones inferiores a los técnicos superiores de FP para los centros o entidades que no pertenecen al sistema educativo.
Tratar a estos docentes de manera diferente que al resto de profesorado después de que durante tres décadas realizan el mismo trabajo y ejercen las mismas responsabilidades no es la mejor manera de dignificar la Formación Profesional. Si de verdad se quiere dignificar esta formación y a sus estudiantes, se debe empezar por reconocer la valía profesional de este profesorado que ha contribuido a que la Formación Profesional cuente con el reconocimiento que actualmente tiene y, al mismo tiempo, que quienes vayan a iniciar sus estudios sepan que un título de FP tiene un valor de primer orden, y eso no es lo que parece que esta ley les quiera reconocer al darle esta categoría de segunda. Tampoco el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) puede ser la excusa para ejercer tal discriminación pues el mismo establece que tanto en el ámbito educativo como en el sanitario se regirán por su normativa específica.
Por último, respecto al plazo para la integración del PTFP en el cuerpo de PES, la nueva redacción de la DA 11ª de la LOMLOE establece que debería ser con carácter retroactivo desde su entrada en vigor. Sin duda, este es el resultado de la presión que los STEs han estado haciendo mientras otros sindicatos callaban, pues desde la entrada en vigor de la LOMLOE llevamos denunciando la demora que habría en este paso al no fijarse calendario de aplicación.
Por todo ello, seguimos trabajando en enmendar este proyecto de ley de la mano de los partidos políticos que no están en el gobierno, muchos de los cuales nos han escuchado y compartido nuestras propuestas hasta ahora. Proponemos una redacción nueva de la ley que recoja adecuadamente este espíritu conciliador entre una formación integral del alumnado y los intereses de perfiles adecuados para las empresas, capaz de trasmitir los conocimientos necesarios a las trabajadoras y los trabajadores para conformar un tejido laboral realmente adaptable a los cambios. Una redacción que mantenga la formación actual en los centros educativos y que el avance hacia la dualidad no sea en detrimento de los conocimientos generales y globales que deben ser adquiridos en los ciclos formativos. Una ley que dé soluciones a las personas con necesidades educativas especiales, donde la inclusión sea una realidad y no una intención plasmada en un papel. Una ley con perspectiva feminista, donde las mujeres tengan la presencia que les corresponde fomentando su integración en sectores masculinizados, contribuyendo a aminorar las brechas existentes. En definitiva, una ley orgánica que tenga como eje vertebrador a la persona.
Melilla 11 de octubre de 2021. El Secretariado de Stes.
